La nave de la Comunicacion

A CAMBIEMOS NO LE GUSTA PROGRESAR

Por Clara Razu

(Por Clara Razu (*)) El Instituto Superior de Formación Docente Nro. 82 funciona en tres sedes distintas, en la localidad de Isidro Casanova, Partido de La Matanza.

Esto es así ya que los Institutos Superiores carecen de edificios propios, en su mayoría y sus actividades se desarrollan a contraturno en Escuelas de Enseñanza Primaria y Media.

En el “82”, se dictan: Profesorados de historia, psicología, filosofía, ciencia política, geografía y economía.

Gran parte de estos estudiantes provienen de las localidades de Isidro Casanova, Gregoria Laferrere, Rafael Castillo y González Catán. Los matanceros se refieren a las mismas como ”los km”.

Llegan a las 18 o más tarde desde sus trabajos, obrerxs metalúrgicxs, del calzado, empleadxs de comercio, empleadas de “casas de familia”, docentes de enseñanza inicial, primaria, auxiliares, mujeres que deciden retomar sus estudios luego de “criar a sus hijos”. Un panorama colorido y variopinto, que coincide en un objetivo, estudiar, aprender y progresar.

Muchos de estos estudiantes percibían el plan Progresar, si percibían, en tiempo pasado, porque durante el gobierno de Macri, debido a distintas circunstancias calificadas en algunos casos como “errores de carga”, muchos de sus beneficiarios dejaron de cobrarlo sin recuperar sus derechos a pesar del “error”.

En el ISFD Nro. 82, Carlos Fuentealba, 160 estudiantes dejaron de recibir el Progresar. Muchas personas que desconocen el contenido y los objetivos del programa, afirmaban que esto sucedía por cuanto quienes cobraban el plan “no estudiaban”, o “no se sacaban buenas notas”.

Estos argumentos no son veraces pues los requisitos para incorporarse al Progresar son, tener entre 18 y 24 años, ser argentino nativo o naturalizado con DNI, acreditar 5 años de residencia y no estar trabajando, o trabajar de manera informal o formalmente con ingresos menores a tres salarios mínimos, vitales y móviles. Las mismas condiciones se aplican al grupo familiar (padre, madre, tutor o pareja conviviente) y a los considerados grupo familiar autónomo, que son los jóvenes con hijos quienes deben presentar la constancia de inscripción o la condición de alumno regular para mantenerlo.

En el caso de los estudiantes universitarios el decreto firmado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner decía que la condición para mantener el derecho era ser alumno regular, no debían presentar nada para acreditar la "escolaridad", solo era necesario la inscripción “on line” (donde comenzaba el derecho) y luego cada universidad informaba en forma electrónica que alumnos mantenían o no la regularidad.

Todas las universidades tienen regímenes diferentes, ya que son autónomas y cada una de las facultades de la UBA (Universidad de Buenos Aires) por ejemplo, varían en base a la complejidad y exigencia de cada carrera, ellos deciden que alumnos son o no regulares.

El gobierno de la Alianza Cambiemos modifico un artículo del decreto, aquel que fija las condiciones de regularidad, y el “mejor equipo de los últimos cincuenta años” hizo que ahora se exija cursar dos materias por año para mantener la regularidad ignorando la autonomía universitaria. Es decir, que reemplazaron la regularidad que la fija cada universidad, como autónomas que son, por un engendro que ellos llaman "regularidad". La modificación de este articulo dificulta a las universidades informar las condiciones de aprobación de sus alumnos ya que la misma es distinta para cada una de ellas.

Por otra parte, los datos de cada universidad eran remitidos directamente al ANSES. Luego de las reformas, la misma debe remitirse al Ministerio de Educación de la Nación y luego el Ministerio la debe enviar al ANSES.

En junio del 2016, miles de estudiantes fueron dados de baja por un supuesto error. Quienes cursan la escuela secundarios o estudian algún oficio pudieron subir el formulario de escolaridad en ANSES o en llevarlo en forma personal en las UDAI, pero los universitarios no tienen posibilidad de hacerlo, Si van personalmente no les aceptan el formulario de escolaridad (usan el formulario de ANSES destinado para secundarios haciéndolos firmar en las facultades, desesperados), porque no está previsto y tampoco pueden realizar el trámite a través de la web porque tampoco está previsto que se haga de esta manera, ya que la Universidad es la encargada de informar, como dice el decreto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de manera electrónica. Al cambiar el artículo del decreto por dos materias por año, no especificaron de qué manera tiene que informar la universidad, si tienen en cuenta los finales aprobados, los promocionados, o algún otro criterio.

Muchos estudiantes están pidiendo analíticos parciales porque dicen que les dieron de baja por no tener las materias aprobadas, pero tampoco así resuelven la dificultad ya que no hay manera de cargar un papel al sistema.

Como un método de desorganización planificada entretienen a los estudiantes haciendo trámites que no sirven para nada, les hacen sacar turno, que en muchos casos son de un mes, para atenderlos y cuando van, no pueden hacer nada.

Desorganizan la vida cotidiana, buscan cansar a los titulares de derecho para que no reclamen. Cuando suspendieron en mayo y junio del 2016 y en mayo y junio del 2017, correspondiente a los períodos abril y mayo, los planes Progresar (fue en dos tandas), dijeron que las universidades no habían informado (ninguna), la situación de regularidad de sus alumnos. Las universidades sí lo habían hecho, luego de las denuncias de los estudiantes volvieron a depositarles los $720 y en algunos casos los $1440 (mes en curso y el adeudado) sin dar explicaciones, y en el camino van quedando muchos que se vuelven a inscribir, lo que genera que se pierda el 20 % acumulado porque “estarían reconociendo" que incumplieron en el período anterior, perdiendo también la tarifa social de la SUBE. Lo mismo sucede a las víctimas del “error” que no insisten en su corrección. Con todo esto logran instalar que “Progresar se cae en cualquier momento”. Los estudiantes y sus familias están preocupados por mantener sus derechos. Muchos periodistas están preocupados por la “corrupción de los vagos que cobran sin estudiar” dejando de lado dos cuestiones fundamentales:

La ultima actualización la hizo CFK por decreto en marzo de 2016 (lo dejo establecido en el decreto de creación) y lo subió un 50 % ampliando también la base de beneficiarios, subiendo el mínimo para acceder, de un salario mínimo requerido a 3 salarios mínimos por grupo familiar.

Hay un proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados, que es la Ley de Juventudes, donde está prevista la actualización dos veces por año, atado a las jubilaciones y a la AUH.

Es la famosa ley que se aprobó en la última sesión de Diputados en 2015 antes de la asunción de las autoridades electas en noviembre de 2015. Aún espera ser aprobada en Senadores.

Otro beneficio que fue eliminado es el Programa Estímulos Económicos dependiente del Instituto Nacional de Formación Docente, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. Este Programa fue desarticulado por la administración de Esteban Bullrich, actual candidato a Senador por la Alianza Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo era estimular las vocaciones docentes. El ex ministro, negador de paritarias, eliminó este programa y estableció otros con requisitos meritocraticos, que no estaría dando sus frutos.

En el ISFD 82, 199 alumnos dejaron de percibir estímulos económicos.

359 alumnos, 359 historias, sueños, proyectos e ilusiones arrasados por quienes crean cargos como Secretaria de Movilidad en Bicicleta o Subsecretaria de Circulación Peatonal.

(*) Lic. en Economía. Docente. Colaboradora de La Nave de la Comunicación